Sánchez pone en peligro los fondos europeos con su reforma de la malversación

La rebaja de las penas por corrupción en el Código Penal introducida por el Gobierno de Pedro Sánchez en diciembre pasado puede salir cara para los intereses españoles. La medida alejó desde el primer momento a nuestro país de los estándares de la UE que este miércoles hizo pública a través de la Comisión Europea su intención de armonizar a través de una directiva los delitos de malversación en todos los países miembros.  

Ello implicará que el Gobierno español tenga que acometer una reforma de la reforma para volver a subir las penas de malversación. La medida no tendría efectos retroactivos por lo que los independentistas beneficiados de la reducción de penas ya se habrían llevado eso por delante. 

Si España no hiciera la reforma para volver a castigar con penas de cárcel el despilfarro de fondos públicos, el envío de fondos comunitarios para España estaría en peligro. Y no sólo eso. El anuncio de la Comisión Europea pone en aprietos la presidencia española de turno de la UE que comienza a partir del segundo semestre y que situaría a España en el centro de las miradas del resto de socios de la UE. 

La percepción de que la corrupción en España es algo generalizado para el 89% de los españoles, mientras que la media comunitaria es del 69%, es un dato que desde el primer momento alarmó a Bruselas. De hecho, España es uno de los siete países europeos donde la creencia de que la apropiación de fondos públicos es bastante más elevada de lo habitual. 

Por ello, el comisario de Justicia, Didier Reynders -responsable de la nueva directiva de armonización de leyes contra la corrupción entre los países de la UE- alertó hace tres meses un estudio profundo de la reforma española que eludía las penas de cárcel para quienes despilfarran fondos públicos. 

La reforma del delito de malversación en España, acometida por iniciativa de Pedro Sánchez ha sido desde el principio analizada por la Comisión Europea dado que choca con los principios de la UE por favorecer a los corruptos. 

A Bruselas siempre le ha preocupado que una mala gestión de los fondos pudiera quedar impune. La presidenta de la Comisión de Control Presupuestario del Parlamento Europeo, Monika Hohlmeier, quien estuvo en España el pasado mes de febrero analizando la gestión de los fondos comunitarios por parte del Gobierno, ya advirtió en numerosas ocasiones de la preocupación que representaba para los parlamentarios europeos la rebaja del delito de malversación: «no puede haber posibilidad de evitar ese tipo de castigo cuando hay un mal uso de los fondos públicos», aseguró en declaraciones a OKDiario. 

Por ello, exigió «tolerancia cero» al Gobierno español con este delito: «nosotros pensamos que no puede haber excepciones a la hora de castigar los delitos de corrupción. Queremos que el gobierno español se sume a la política de tolerancia cero. Exigimos esa tolerancia cero. El Ejecutivo español se ha comprometido a ello y es la Comisión la que está en contacto con el Gobierno», manifestó. 

La Unión Europea está muy pendiente de que los fondos públicos recibidos desde Bruselas hasta ahora, más de 160.000 millones de euros en el caso español, llegan a los ciudadanos y a las empresas nacionales, sin ninguna clase de fraude o corrupción.